La Fundación Agustina Lerena informó que la cautelar también alcanza a siete estructuras hispano-isleñas y exige documentar sus operaciones. El juzgado pidió antecedentes sobre permisos y cuotas de las firmas nacionales investigadas, para las cuales la legislación pesquera contempla la caducidad ante vinculaciones prohibidas.
- noviembre 9, 2026
- Posted by: Consejo Portuario Argentino
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La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó el 6 de noviembre de 2026 que las compañías extranjeras alcanzadas se abstengan de pescar sin habilitación argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas de Malvinas hasta las 200 millas. La medida corresponde al expediente FCR 16446/2026, según el comunicado difundido por la fundación el 7 de noviembre.
La restricción comprende las capturas, su procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas. Abarca también nuevas mareas, temporadas e incorporación de embarcaciones, tanto en operaciones directas de las sociedades demandadas como mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.
El alcance sobre los permisos argentinos
Para las compañías nacionales, el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y requirió información sobre sus habilitaciones, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. Su situación continúa bajo examen en el proceso ordinario. Las medidas dirigidas a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores quedaron diferidas.
El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922 exige declaraciones juradas para acceder a cuotas o autorizaciones de captura. Entre sus requisitos figura carecer de determinadas relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin el permiso correspondiente.
Cuando se comprueba una infracción a esas prohibiciones, el artículo 28 dispone la caducidad automática del permiso y de las cuotas o autorizaciones pertinentes. La Ley 26.386 incorporó el artículo 27 bis y esa consecuencia al régimen pesquero. Según la fundación, la verificación de las conductas y las decisiones sobre las habilitaciones corresponden a la autoridad de aplicación y al Consejo Federal Pesquero.
Las operaciones deberán quedar documentadas
Las empresas extranjeras alcanzadas disponen de diez días judiciales desde su respectiva notificación para presentar declaraciones juradas con respaldo documental. Deben identificar buques, matrículas, pabellones y números internacionales; detallar licencias y capturas por embarcación, especie y temporada; e informar seguimiento satelital, observadores, puertos, transbordos y destinos comerciales. El requerimiento incluye participaciones societarias, contratos, operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales.
La orden exige conservar los registros de pesca y la documentación técnica, comercial y societaria, cualquiera sea su soporte. También prohíbe alterar, destruir u ocultar información de manera que impida incorporarla al expediente. La falta de respuesta y las negativas sin respaldo documental podrán valorarse en contra de las demandadas.
Las compañías comprendidas
La nómina española difundida incluye a Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO.
En las estructuras hispano-isleñas, el comunicado refiere vínculos con Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross. Entre los vehículos societarios menciona a Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.
El fundamento ambiental y el reclamo económico
Según la entidad demandante, la jueza examinó informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre poblaciones migratorias y recursos compartidos, entre ellos los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola. El fundamento reseñado vincula esas capturas con el riesgo de debilitar las medidas argentinas de conservación. La cautelar se apoya en los principios de prevención y precaución, el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675.
La demanda presentada el 9 de octubre, promovida por la fundación que preside César Augusto Lerena, con el patrocinio de Eduardo Salvador Barcesat, reclama recomposición ambiental y reparación económica por 4.101.131 toneladas atribuidas a las demandadas entre 1989 y 2025. La parte actora calculó aproximadamente USD 12.351 millones a valores FOB y USD 26.465 millones a precios mayoristas. Ambas estimaciones quedan sujetas a la prueba y a la determinación judicial del daño.
La orden es provisional y se mantendrá hasta que las empresas obtengan autorización argentina o el tribunal disponga otra cosa. Su ejecución frente a las sociedades extranjeras depende de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables.
Fuente Pescare.com
Por Antonella