Sin embargo, nos preocupa gravemente por su contenido la  reciente resolución tomada por la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina mercante de la nación en ese sentido.

Entendemos que los pliegos de licitación publicados contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones y por lo tanto para la economía de nuestro país.

Además, se perjudicarán significativamente las posibilidades de las economías regionales y el desarrollo federal.

Los pliegos especifican un trazado con evidentes ineficiencias.

Por ejemplo:

• insisten en mantenimiento del Canal Emilio Mitre como ruta principal, tramo que ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado.
• se propone profundizar y ampliar del Canal Punta Indio, con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena.

Así, las aproximadamente las 1500 embarcaciones al año que bajan por el Río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía Blanca y otras con rumbo al sur, se verán obligados a recorrer 150km más que si lo hicieran por el Canal Magdalena.

Además, la ruta por el Canal Punta Indio es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros.

La lista es más extensa y se mencionan aquí solo algunos aspectos. Sin embargo ya con éstos, queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá altas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador.

Todo esto en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario

Tampoco se hace ninguna previsión respecto de las prospecciones hídricas crecientes y bajantes, seguramente influenciadas por el cambio climático que seguirá afectándonos.

La condición de servicio público queda poco asegurada, ya que no se definen claramente los accesos a mantener, ni las obligaciones de responder a necesidades públicas futuras.

El esquema de gobernanza y control queda sujeto a la discrecionalidad del gobierno central no previendo ningún mecanismo institucional federal de control, ni siquiera la participación de las provincias en su incumbencia ambiental.

Lamentamos profundamente que se haya incurrido en estos errores haciendo que la intención de resolver rápidamente, termine en una solución inconveniente.

Esperamos con preocupación que estas cuestiones puedan ser revisadas antes de establecer compromisos contractuales de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población.

PRENSA: CPA